No cesa el revuelo que se ha producido al conocer el contenido del borrador de la nueva Ley de Servicios Profesionales.
El caso es que un borrador muy similar ya fue estudiado hace un par de años por la anterior administración. Claro que uno podía llegar a pensar que uno de los motivos por el que cambió la administración era para que gente más competente que la anterior se dedicaran a administrar lo público. Por lo visto los ciudadanos nos pasamos de ingenuos...
Seamos constructivos, damos por supuesto que la intención del legislador es buena y pretende con la nueva ley promover la prosperidad y mejora de las condiciones de servicios recibidos por los ciudadanos. ¿Realmente se consigue con los cambios planteados? Nos centraremos en el ámbito de lo qe podemos llegar a conocer:
- Como motivación de la modificación, se plantea la existencia de conflictos entre competencias profesionales... realmente esto no sucede dentro de la LOE, solo cuando la administración la lía como es en el caso de las ordenanzas de las ITEs en el que aparejadores o ingenieros industriales están peritando sobre estructuras, por ejemplo, es cuando surgen conflictos...así que quizás más que de una ley de servicios profesionales debiéramos hablar de reforma de administraciones.
- Se plantea eliminar las reservas de actividad respecto a la construcción que existe en la LOE con el argumento que "si se sabe construir una nave, pues se sabe construir viviendas, templos o museos"... este argumento a cualquiera le podría parecer peregrino, por lo mismo que uno no va al cardiólogo para que le opere de una neurisma, existiendo en este caso menos diferencia que la que existe entre un ingeniero y un arquitecto. Da la impresión que el legislador no sabe de lo que habla, pero entenderemos que los ciudadanos se puedan sentir ofendidos al considerar que sus necesidades de espacio, relación o usos son los mismos que las de las gallinas o cerdos, por ejemplo.
- Una segunda derivada sobre este asunto sería que todo el sistema universitario actual está basado en la especialización. Si cualquier título vale para cualquier atribución ¿para qué entonces llegado el caso mantenerlo?
- La idea que subyace es plantear un abaratamiento de los honorarios al producirse una mayor competencia... ¿acaso no sabe el legislador que la situación entre los profesionales a día de hoy es de auténtica explotación? Los profesionales estamos trabajando en muchos casos a precio de coste cuando no por debajo de los mismos. Imaginamos que el Sr Ministro o sus ayudantes no han redactado ningún proyecto conforme al CTE, ni han tenido que tramitar un expediente de actividad calificada por ejemplo... Si realmente quieren abaratar podrían simplificar procedimientos.
- Ahora bien, el sistema actual basado en la LOE, el visado de proyectos, la especialización de las titulaciones y la asignación de responsabilidades por profesiones está orientado a garantizar la seguridad jurídica y física de los usuarios (los colegios oficiales de arquitectos y el visado nacieron para eso, garantizar que los edificios no se caigan y maten a sus ocupantes, y si lo hacen, pillar a los responsables),,, ¿qué alternativa va a plantearse para que los usuarios tengan garantías de que los servicios que van a recibir son los más adecuados? ¿son conscientes dentro del ministerio de Hacienda de las consecuencias y del colapso del sector?
No nos engañemos, el sector de la construcción en España está liberalizado, cualquiera puede ser promotor y si existe necesidad de contar con especialistas es porque se trata de una actividad muy compleja que mal ejecutada tiene consecuencias graves en el tiempo, además del laberinto administrativo que se ha tejido en este entorno y ante el que hay que dar respuesta.
