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viernes, 21 de junio de 2013

#21J_NoalaLSP Nuestras Razones

De entre que un veterinario pueda llegar a operarle, que un musulmán salafista pueda confesarle o que un ingeniero informático pueda dictaminar sobre la cimentación de su hogar ¿cuál cree el lector que de estos tres casos no solo es probable que suceda sino que ya se ha dado el caso?

Corre por España la especie -en forma de borrador fantasma de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales- de que el gobierno pretende por decreto igualar las competencias en edificación entre ingenieros y arquitectos. La base para dicha igualación sería la liberalización del sector por medio de eliminar reservas de actividad existentes como así se recoge en la vigente Ley de Ordenación de la Edificación.

La idea que subyace es el principio de que “todos valemos para todo” dando igual la formación específica recibida: si un ingeniero agrónomo puede diseñar una nave porcina bien podría concebir la reforma del Museo del Prado. Se pretende además que la sociedad se beneficie en forma de, a mayor competencia, precios más bajos. 

Señalamos la existencia de una estafa inherente a la proposición. No es verdad que todos los profesionales reciban la misma formación y por tanto puedan responder de la misma forma ante iguales desafíos. Más allá de que existan buenos o malos profesionales, las carreras y sus atribuciones profesionales son filtros que pone la sociedad para garantizarse resultados concretos. Arquitectura es una de las singularidades dentro del sistema educativo: disponen de una mayor cantidad de horas lectivas con una de las notas de corte más alta; en sus planes de estudios se conjugan asignaturas de una elevada exigencia técnica –estructuras, mecánica de suelo, instalaciones…- con asignaturas de un claro perfil humanista y artísticas. No lo duden, terminarla implica un alto grado de exigencia y vocación ¿es esto gratuito? Habitar va mucho más allá de construir con seguridad y así lo reconoce la Unión Europea en la Directiva 2005/36/CE. Es la sociedad la que tendrá que decidir si quiere vivir en entornos como la Gran Vía o en un polígono industrial.

Se nos insiste en que la sociedad ganará con el desmantelamiento de las condiciones de conocimiento para ejercer  la profesión de arquitecto. Hace tiempo ya sucedió con el ejercicio de urbanismo. Desde hace años no es necesario contar con urbanistas para desarrollar planes, de hecho los ayuntamientos prefieren los despachos de abogados a estudios de arquitectura. ¿Los resultados? El PAU de Sanchinarro en el que se eliminó todo el pequeño comercio para que una gran superficie pudiera financiar al ayuntamiento correspondiente, o el hecho de que ante el aumento de superficie asfaltada se disparan los costes de las aseguradoras por inundaciones son algunas de las consecuencias ¿estamos seguros que ahorrar en la cualificación de profesionales es el camino?

Seguro que hay muchos modelos profesionales, pero si queremos escoger uno u otro la sociedad debe ser consciente de las implicaciones que ello conlleva. Igual que tener un carnet de conducir B no nos cualifica para transportar un camión de mercancías peligrosas, ser ingeniero técnico industrial no nos habilita adecuadamente para cubrir la plaza de toros de Las Ventas. No existe una reserva de actividad, un chiringuito o coto privado en lenguaje llano. Cualquiera puede adquirir la cualificación profesional de arquitecto. No existen números clausus de profesionales. Estudiando y con esfuerzo, eso sí, algo que por lo que parece está mal visto dentro de la administración.


PD.- El proyecto de ley se esbozó bajo la batuta del anterior ejecutivo. Esto ya de por sí debería preocupar a los actuales gestores, y aunque cierto que este argumento no es muy científico, al menos permiten sonrojar a quienes lo impulsan.

Por eso desde Somosarquitectura firmamos en contra de este anteproyecto de Ley y  participamos en la concentración #21J_NOalaLSP

La concentración fue un éxito. Podéis ver fotos aquí