De entre que un veterinario pueda llegar a
operarle, que un musulmán salafista pueda confesarle o que un ingeniero
informático pueda dictaminar sobre la cimentación de su hogar ¿cuál cree el
lector que de estos tres casos no solo es probable que suceda sino que ya se ha
dado el caso?
Corre por España la especie -en forma de
borrador fantasma de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales- de que el
gobierno pretende por decreto igualar las competencias en edificación entre
ingenieros y arquitectos. La base para dicha igualación sería la liberalización
del sector por medio de eliminar reservas de actividad existentes como así se
recoge en la vigente Ley de Ordenación de la Edificación.
La idea que subyace es el principio de que
“todos valemos para todo” dando igual la formación específica recibida: si un
ingeniero agrónomo puede diseñar una nave porcina bien podría concebir la
reforma del Museo del Prado. Se pretende además que la sociedad se beneficie en
forma de, a mayor competencia, precios más bajos.
Señalamos la existencia de una estafa
inherente a la proposición. No es verdad que todos los profesionales reciban la
misma formación y por tanto puedan responder de la misma forma ante iguales
desafíos. Más allá de que existan buenos o malos profesionales, las carreras y
sus atribuciones profesionales son filtros que pone la sociedad para
garantizarse resultados concretos. Arquitectura es una de las singularidades
dentro del sistema educativo: disponen de una mayor cantidad de horas lectivas
con una de las notas de corte más alta; en sus planes de estudios se conjugan
asignaturas de una elevada exigencia técnica –estructuras, mecánica de suelo,
instalaciones…- con asignaturas de un claro perfil humanista y artísticas. No
lo duden, terminarla implica un alto grado de exigencia y vocación ¿es esto
gratuito? Habitar va mucho más allá de construir con seguridad y así lo
reconoce la Unión Europea en la Directiva 2005/36/CE. Es la sociedad la que
tendrá que decidir si quiere vivir en entornos como la Gran Vía o en un
polígono industrial.
Se nos insiste en que la sociedad ganará con
el desmantelamiento de las condiciones de conocimiento para ejercer la profesión de arquitecto. Hace tiempo ya
sucedió con el ejercicio de urbanismo. Desde hace años no es necesario contar
con urbanistas para desarrollar planes, de hecho los ayuntamientos prefieren
los despachos de abogados a estudios de arquitectura. ¿Los resultados? El PAU
de Sanchinarro en el que se eliminó todo el pequeño comercio para que una gran
superficie pudiera financiar al ayuntamiento correspondiente, o el hecho de que
ante el aumento de superficie asfaltada se disparan los costes de las
aseguradoras por inundaciones son algunas de las consecuencias ¿estamos seguros
que ahorrar en la cualificación de profesionales es el camino?
Seguro que hay muchos modelos profesionales,
pero si queremos escoger uno u otro la sociedad debe ser consciente de las
implicaciones que ello conlleva. Igual que tener un carnet de conducir B no nos
cualifica para transportar un camión de mercancías peligrosas, ser ingeniero
técnico industrial no nos habilita adecuadamente para cubrir la plaza de toros
de Las Ventas. No existe una reserva de actividad, un chiringuito o coto
privado en lenguaje llano. Cualquiera puede adquirir la cualificación
profesional de arquitecto. No existen números clausus de profesionales.
Estudiando y con esfuerzo, eso sí, algo que por lo que parece está mal visto
dentro de la administración.
PD.- El proyecto de ley se
esbozó bajo la batuta del anterior ejecutivo. Esto ya de por sí debería
preocupar a los actuales gestores, y aunque cierto que este argumento no es muy
científico, al menos permiten sonrojar a quienes lo impulsan.
Por eso desde Somosarquitectura firmamos en contra de este anteproyecto de Ley y participamos en la concentración #21J_NOalaLSP
La concentración fue un éxito. Podéis ver fotos aquí
La concentración fue un éxito. Podéis ver fotos aquí
